Durante supervisión realizada entre el 2007 y 2009
Nota de Prensa N° 020/2010/OCII/DP
• El Plan Piloto sólo ha transferido a las municipalidades recursos vinculados a la gestión administrativa.
• Aproximadamente el 96% del presupuesto asignado corresponde al rubro de obligaciones de personal y sólo el 3% al de bienes y servicios.
La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Informe Defensorial Nº 148: “Primera supervisión del Plan de Municipalización de la Gestión Educativa: aportes para su implementación”, el cual concluye que es necesario evaluar, con criterios técnicos y objetivos, el Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa iniciado en 56 distritos, a fin de superar las debilidades advertidas y antes de su expansión a más municipalidades.
Kantuta Vallenas, Jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, dijo que aproximadamente el 96% del presupuesto, transferido a 35 municipalidades acreditadas por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, corresponde al rubro de obligaciones de personal y que sólo el 3% aproximadamente está destinado a cubrir gastos de bienes y servicios.
Asimismo, señaló que no se ha transferido recursos asociados a la gestión pedagógica e institucional. Agregó que el presupuesto transferido es insuficiente para algunas municipalidades que deben cumplir con el mantenimiento de las instituciones educativas, el pago de servicios públicos y el control de la asistencia docente, entre otras responsabilidades.
“El informe constata que hasta el 30 de setiembre del 2009, aún no se habían instalado en las municipalidades los sistemas informáticos para la adecuada gestión de personal y la elaboración de las planillas de pago, tampoco había concluido la transferencia de los estados contables y el acervo documentario, dificultando la gestión del personal docente y administrativo, y podría repercutir negativamente en la prestación del servicio educativo”, señaló la funcionaria.
En ese sentido, demandó la pronta implementación del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUNGE) y de otros mecanismos orientados a compensar la situación de aquellas municipalidades con menores recursos, que no perciben canon, sobre canon o rentas de aduana y, por lo tanto, se encuentran en desventaja frente a otras en mejores condiciones.
“Para la Defensoría del Pueblo, priorizar el rol de los gobiernos locales en la gestión educativa puede ser una oportunidad para mejorar la calidad de la educación en el país, pues su cercanía a la comunidad educativa le da mayores opciones para adecuar la prestación del servicio educativo a su realidad. Sin embargo, es necesario que se dote a las municipalidades de las condiciones mínimas indispensables para asumir este reto”, argumentó Vallenas Rojas.
Asimismo, recordó al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros que la transferencia de responsabilidades a las municipalidades se lleve a cabo conforme al Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de garantizar la adecuada transferencia de la gestión educativa en su integridad.
El informe recomienda al Ministerio de Educación adoptar medidas para que se instalen a la brevedad posible los sistemas informáticos de manejo de personal a las 35 municipalidades con transferencia presupuestal, así como impulsar la conclusión de la transferencia de los estados contables y del acervo documentario, a fin de que las municipalidades puedan realizar las gestiones de personal adecuadamente.
Además, sugiere al Ministerio de Educación presentar el proyecto de Ley de Organización y Funciones para su aprobación por el Congreso de la República, así
como elaborar la Matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones, previa consulta con los gobiernos regionales y locales, a fin de completar el marco normativo que regula la distribución de competencias y funciones en materia de educación entre los tres niveles de gobierno.
Finalmente, la funcionaria de la Defensoría del Pueblo, invocó a una mayor coordinación y concertación entre el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y locales respecto a la implementación y ejecución del Plan, en aras de una gestión educativa articulada.
Lima, 2 de febrero de 2010.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Defensoría del Pueblo Tele fax: 3110300 anexos 1400 – 1403
www.defensoria.gob.pe
LEER INORME COMPLETO EN:
http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=4803
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