La tentación totalitaria
Cesar Levano: diario la primera
El proyecto represivo contra ONGs, asociaciones de diversos tipos y medios y empresas periodísticas u otras empieza a provocar rechazo. Ayer expusimos antecedentes sombríos de la propuesta que el Ejecutivo ha enviado al Congreso con carácter de urgencia. Por no alargar el comentario, omitimos un antecedente que es, sin embargo, notable: la Ley número 8442, Ley de Emergencia, cuyo Artículo único parece haber sido musa inspiradora del proyecto Alan García-Yehude Simon.
Ese texto fue emitido por la dictadura del general Oscar R. Benavides el 21 de febrero de 1939 (un día antes del cumpleaños de Víctor Raúl Haya de la Torre, entonces en la clandestinidad).Decía el Artículo: “Compréndase en el inciso g) del artículo 1º. de la Ley 7479 y de las sanciones que esta ley establece, a las empresas periodísticas que publiquen informaciones falsas o ambiguas sobre los hechos opuestos al organismo constitucional de la República o que intenten subvertir los poderes constituidos, y a los que se pronuncien en forma tendenciosa respecto del origen, alcances o consecuencias de cualquiera de estos hechos”.
En igual sentido va la propuesta García-Simon de modificación de la Ley General de Sociedades, la cual quiere poner en manos del Ejecutivo y la Corte Suprema el destino de cualquier empresa que sea o resulte incómoda para aquél.
El pretexto será que esas sociedades son o resultan contrarias al orden público, las buenas costumbres, la soberanía nacional, la seguridad del Estado o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos.
Dos aspectos de la propuesta fascista hacen temer lo peor. Colocan, ante todo, el destino empresarial en manos del aparato judicial, en el cual el Apra ejerce indisimulado dominio y capacidad de presión.
El Artículo 96 del Código Civil vigente, que el proyecto busca alterar, expresa: “El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de las asociaciones cuyos fines sean o resulten contrarios al orden público o las buenas costumbres”.
La diferencia con el proyecto es notable. En primer lugar, éste asigna el papel de denunciante al Poder Ejecutivo, y, en segundo lugar, amplía las causales. Ahora aparecen la soberanía nacional, la seguridad del Estado y la intromisión en asuntos internos.Todo este agregado apunta a las organizaciones de izquierda, a las cuales se achaca, con estridencia y sin pruebas, tener vínculos con organizaciones ilegales del exterior. En el fondo está la inepcia de que Venezuela alienta y hasta financia la protesta y el reclamo social, que son algo así como la respiración natural del descontento popular. Otra cosa son la simpatía y aun la solidaridad con procesos de cambio en América. Eso no se suprime por decreto. Las ideas, dijo Sarmiento, no se degüella.
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