CARLICATURAS

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Mié, 28/07/2010 - 23:50

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DECRETOS LEGISLATIVOS BUSCAN IMPUNIDAD EN DERECHOS HUMANOS Y CRIMINALIZAN MÁS LA PROTESTA SOCIAL

En conferencia de prensa realizada en el local de la CNDDHH, los organismos de derechos humanos expresaron su rechazo a los decretos legislativos recientemente aprobados por el Ejecutivo que criminalizan aún más la protesta social y buscan impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.

Representantes de los organismos alertaron sobre las implicancias que ya están teniendo estos decretos legislativos. Precisamente hoy, el abogado del general Noriega, implicado en el caso de Mariela Barreto, pidió el archivamiento del caso basándose en los respectivos decretos. Además, señalaron que estos decretos podrían, en el escenario más próximo, absolver y poner en libertad a Santiago Martin Rivas, al igual que podrían servir como andamiaje para poner en libertad al ex presidente Alberto Fujimori.

VER:

Procesados que se benefician con libertad o sobreseimientos

Casos mas saltantes de graves violaciones a derechos humanos en proceso

Los organismos de derechos humanos expresaron públicamente su rechazo a gran parte del contenido de los decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo por las razones siguientes:

Sobre el decreto legislativo Nº 1097

1. Respecto al decreto legislativo Nº 1097, referido a la aplicación de normas procesales por delitos que implican violaciones de derechos humanos, resulta inaceptable que la Primera Disposición Complementaria y Final señale que la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos sólo surte efecto recién a partir de noviembre del 2003, contradiciendo así sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Alberto Fujimori y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, en el caso Villegas Namuche, entre otros.Sin duda constituye un serio retroceso que va en contra de la Convención americana y que pretende la impunidad de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno en las décadas de los ochenta y noventa en el Perú. Inclusive, esta norma podría terminar beneficiando a los terroristas que perpetraron crímenes de lesa humanidad.

2. Por otro lado, el decreto legislativo Nº 1097, adelanta la aplicación de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, con un afán supuestamente garantista, pero que en el fondo lo que pretende es beneficiar indebidamente a personal militar y policial acusado de crímenes contra los derechos humanos, afectando seriamente la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 2.2º de la Constitución, pues son beneficios concedidos con nombre propio a un grupo determinado a pesar de la gravedad de los crímenes perpetrados.

Por ejemplo, en virtud de esta nueva norma, los militares o policías acusados de violaciones de derechos humanos podrán cumplir arresto domiciliario en “instalaciones militares o policiales”, esto es, no sólo cuarteles sino hasta centros recreacionales de las fuerzas armadas o la policía nacional. Asimismo, se aplica el plazo máximo de 36 meses de detención previsto en el antiguo Código procesal penal, sin tomar en cuenta la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional que consideró válido extender dicho plazo más allá de los 36 meses en el caso de delitos complejos como lo son, evidentemente, los crímenes de derechos humanos.

Sobre el decreto legislativo Nº 1095

3. En relación al decreto legislativo Nº 1095, referido a reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional, preocupa la definición contenida en el artículo 3.f) sobre “grupo hostil”, pues es tan amplia que podría ser instrumentalizada para criminalizar aún más algunas protestas sociales, específicamente, las protestas de los pueblos indígenas.

4. A su vez, resulta inaceptable la modificación del artículo 27º de este decreto legislativo Nº 1095, en comparación con el artículo 13º de la derogada ley Nº 29166 y con los proyectos de ley sobre la materia consensuados en el seno de la Comisión Nacional de derecho internacional humanitario (Conadih), que hacían referencia exclusivamente a los “delitos de función” cometidos por personal militar. En cambio ahora, el referido artículo 27º se refiere genéricamente a “conductas ilícitas atribuibles al personal militar”, en una clara intención de abarcar los delitos comunes que pudiera cometer el personal militar en el marco de esta norma.

Cabe señalar, que este cuestionable artículo 27º remite al personal militar al fuero militar policial, con lo cual, la intención sería extender la competencia de este fuero al juzgamiento de delitos comunes, lo que constituiría una grave afectación a la Constitución y la Convención americana.

Sobre el decreto legislativo Nº 1094

5. En el caso del decreto legislativo Nº 1094, que aprueba un nuevo e innecesario Código penal militar policial, es muy grave que se haya vuelto a incorporar y tipificar supuestos de delito de función que en el año 2006 fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y expulsados del ordenamiento jurídico.

En efecto, el nuevo Código penal militar policial tipifica los delitos contra operaciones humanitarias (artículo 95º), de utilización indebida de signos protectores (artículo 96º), daños extensos y graves al medio ambiente natural (artículo 97º) y delito contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario (artículo 88º y ss.), que fueron declarados inconstitucionales y expulsados del ordenamientos por la sentencia de fecha 15 de diciembre del 2006 recaída en el Expediente Nº 0012-2006-PI/TC.

De esta manera, queda en evidencia que fue tan sólo un pretexto la justificación para la delegación de funciones legislativas aprobada por la Ley Nº 29548, que mencionaba la necesidad de adecuar este código a lo dispuesto por la jurisprudencia del TC; justificación que inclusive fue esgrimida públicamente por el presidente del tribunal supremo de justicia militar.

Sobre el decreto legislativo Nº 1096

6. En el caso del decreto legislativo Nº 1096, que modifica la ley de organización y funciones del fuero militar policial Ley Nº 29182, e Gobierno reitera un modelo de organización de la justicia militar policial contrario a lo desarrollado por la jurisprudencia de la Comisión y la Corte interamericanas sobre la materia.

Inclusive, este decreto legislativo es muestra de la grave inconsistencia de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 00001-2009-PI/TC que a fines de diciembre del año 2009, sostuvo que los jueces y fiscales militares podían ser —a la vez— oficiales en situación de actividad, sin restricción alguna.

En cambio ahora, la norma en referencia establece que tanto el tribunal supremo de justicia militar policial como el consejo ejecutivo del fuero militar policial, tendrán una composición mixta de oficiales en retiro y en actividad.

Fuente: arte-nuevo.blogspot

RATAS CIBERNÉTICAS ORGANIZAN FRAUDE.

MAFIA APRISTA NEGOCIA POR INTERNET VENTA DE PRUEBA PARA EL NOMBRAMIENTO DE MAESTROS. RATAS CIBERNÉTICAS ORGANIZAN FRAUDE.

La reforma educativa neoliberal que viene profundizando el gobierno aprista centra en la meritocracia como uno de los aspectos principales de su mal llamada "revolución de la educación"; sin embargo la realidad nos demuestra lo contrario, pues ante los fraudes escandalosos perpetrado por el MED (en todos los procesos de evaluación anteriores), encabezado por el Ministro Chang, la tan cacareada Ley de la Carrera Pública Magisterial resulta una estafa.

En tal sentido, en el último mensaje presidencial, de julio del presente año, Alan García manifestó que el ingreso a la Carrera Publica Magisterial era por mérito y esfuerzo, nada más falso; sin embargo, todo queda en la retórica, pues en la realidad la meritocracia se sigue vendiendo y comprando, alentado y fomentado por las propias autoridades del gobierno.

El proceso de nombramiento 2010 no escapa a la asquerosa corruptela del partido de los "faenones", pues el proceso esta lleno de actos de corrupción; sin embargo, pareciera que la maquinaria mafiosa, dirigida desde las altas esferas del poder, viene cambiando el modo de operar para obtener jugosos "honorarios de éxito" y, de paso, favorecer a los "comechados apristas".

La forma como traman y calculan todos los actos de corrupción no es ajena a la práctica del partido aprista, pues en el primer periodo de gobierno de Alan García, siendo ministra de educación Mercedes Cabanillas, se utilizó el ministerio como una agencia de empleos haciendo ingresar al magisterio más de 100 mil comechados apristas.

El modus operandis del partido de la corrupción ha hecho que los mafiosos apristas, traficantes de plazas, cambien sus estrategias de "venta", pues debido a los escandolos anteriores y las denuncias probadas, ahora utilizan las nuevas tecnologías de la comunicación, pues la venta se hace directamente por internet con sus contactos (vinculados a la mafia aprista) que pagan entre 1000 y 1500 dólares, los cuales se encargan de vender la prueba al menudeo, entre 400 y 500 dólares, dizque para recuperar su inversión y "ganarse alguito". ¡Tremendas ratas!

Los maestros vienen denunciando que la prueba de aplicación que se tomará para la etapa eliminatoria, el domingo 22 de agosto, se viene vendiendo por adelantado; pues, en esta ocasión, se viene "cobrando" la mitad de la coima convenida y la otra mitad el día (madrugada del domingo) de la entrega de las claves de las respuestas de la prueba.

En tal sentido, queda corroborado, hasta la saciedad, la entraña gansteril de las autoridades apristas, pues los dignos maestros verán burlados, una vez más, sus expectativas. Pero lo indignante, es que el propio gobierno y el ministerio de educación, en lugar de garantizar la imparcialidad y transparencia de las evaluaciones a los docentes, sean los autores intelectuales del monumental fraude; en efecto queda demostrado que la "meritocracia" es otro cuentazo del Apra, pues los propósitos que persiguen es favorecer el copamiento de profesores mediocres del ANTAE para apristizar el sector educación y facilitar la imposición de sus nefastas políticas educativas y el otro es llenarse los bolsillos a costa de las necesidades de trabajo que tienen miles de docentes.

Fuente: Herald/ Sute Sector 17.

COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE SURCO SIN AGUA NI LUZ

COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE SURCO SIN AGUA NI LUZ

En Surco. Déficit presupuestal asciende a s/. 1, 277, 287.
Viceministro de Educación asegura que se efectuará

transferencia de más de S/.58 millones para los planteles

con este régimen (Milagros Laura S.)

Los mil 658 alumnos del colegio Los Precursores Nº 7086 acaban de iniciar sus clases de medio año y siguen sin contar con servicios de agua y luz. Mientras que las oficinas administrativas del colegio ‘Abraham Roldán Poma’ se encuentran paralizadas por la falta de electricidad. En tanto, en el colegio ‘José María Arguedas’ los más perjudicados por el corte de luz son los alumnos del turno noche que han visto sus clases suspendidas hasta que se renueve el servicio. Un triste panorama que se repite en los 17 colegios “municipalizados” que tiene el distrito de Surco.

Déficit presupuestal

¿El problema? Un déficit presupuestal en el plan de la municipalización de educación, y que en Surco asciende a un millón 277 mil 287 soles, una carencia que no ha permitido cumplir con los pagos de luz y agua y el pago de planillas de los docentes en los colegios.

Así como tampoco con la compra de los bienes básicos (artículos de limpieza, útiles de oficina, concepto de guardianía, entre otros).

Por eso, ayer el alcalde de Surco, Juan Manuel del Mar, se reunió con los directores de las escuelas y sostuvo que “desde hace 6 meses vengo solicitando una reunión con el ministro. En este proceso de la municipalización educativa, los municipios solamente hemos quedado como intermediarios en el pago de planillas y servicios, y ellos no cumplen con la transferencia del currículo y bienes. No existe justificación para que los colegios estén pasando por esta situación”.

Entregarán presupuesto

Por su parte el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Víctor Raúl Díaz Chávez, aseguró que se subsanará la falta de presupuesto para los colegios municipalizados. Los ministros de Educación y de Economía ya han dispuesto la transferencia de 58 millones 905 mil soles, que corresponden al presupuesto de todo este año para los colegios.

Cifras

10,969 escolares de todos los niveles son los perjudicados.

457 docentes de los 17 colegios de Surco están impagos.

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Mié, 11/08/2010 - 18:55 — luis Angel

Y LA MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL EL CEM CUANDO NOS VAN APAGAR EL MES DE MARZO A CASO LIMA NO MAS TIENE NECESIDAD, AQUI ESTAMOS SIN LUZ, YA QUE LA MUNICIPALID DEBE 2 MESES. CUANDO NO, EL GOBIERNO APOYANDO A LOS PITUCOS DE LIMA Y LOS DE PROVINCIAS NADA. ESPERO QUE TAMBIEN NOS PAGUEN.

Fuente: La República

Alan quiere liberar a su aliado Fujimori

Presentarán acción de inconstitucionalidad contra los cuatro decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y 1097) promulgados por el Ejecutivo que buscan beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori.

La bancada nacionalista presentará este lunes una acción de inconstitucionalidad contra los cuatro decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y 1097) promulgados por el Ejecutivo que buscan beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dirigir una guerra sucia en la que fueron cometidas violaciones a los derechos humanos.

“Los decretos pretenden que todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1980 y 2000 tengan un plazo de prescripción, es decir, que existan barreras temporales que hacen imposible su persecución penal”, indicó el legislador Daniel Abugattás, vocero del Partido Nacionalista en el Congreso.

A su vez, Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal, dijo a LA PRIMERA que dichas normas deben derogarse y reiteró que son “una perfecta prueba de amor del presidente Alan García hacia Alberto Fujimori”.

“Creo que hay una estrategia política en marcha por el apuro de dictar estos decretos, por modificar de manera grotesca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el objetivo de hacer que cuando llegue el caso de Fujimori a esa instancia este organismo tenga una sentencia amigable y beneficiosa”, estimó el letrado.

Barrios Altos y La Cantuta
De igual manera, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), apuntó que estos decretos legislativos buscan el archivamiento de procesos judiciales sobre casos de violaciones de derechos humanos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado Fujimori, y que además involucra a los integrantes del Grupo Colina.

El director de Fedepaz criticó asimismo que el decreto legislativo Nº 1097, que adelanta la aplicación de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal, indique que cualquier proceso cuya etapa de instrucción o de investigación preparatoria haya sobrepasado los plazos de ley pueda ser sobreseído. Es decir, un proceso judicial podrá ser concluido arbitrariamente al no haberse cumplido el plazo establecido.

Al respecto, Velazco explicó que el antiguo Código Procesal Penal establece un plazo máximo de 16 meses para realizar las investigaciones, mientras que el Nuevo Código Procesal Penal indica un plazo máximo de apenas ocho meses para realizar esa labor.

Sin embargo, el presidente del Congreso, César Zumaeta, indicó ayer que el Parlamento no permitirá que ocurran excesos con este nuevo paquete de decretos y negó, además, la existencia de un pacto para beneficiar a Alberto Fujimori. A su vez, el ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que el referido decreto legislativo Nº 1097 no beneficiará a Fujimori. “Están diciendo que esto es para Fujimori, no es el caso porque son normas aplicables sólo a policías y militares”, señaló. Agregó que tampoco se puede aplicar al Grupo Colina porque sus integrantes ya están sentenciados.

denuncia contra denuncia
En tanto, el vocero de la bancada nacionalista, Daniel Abugattás, refirió que denunciará al congresista Fujimorista Rolando Sousa ante la Comisión de Ética porque en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia impulsó la entrega de facultades legislativas en materia de normas procesales y penitenciarias al Ejecutivo, cuando sólo habían solicitado legislar en materia militar-policial y el uso de la fuerza.

Abugattás añadió que con eso Sousa buscó beneficios para los clientes de su estudio jurídico que comparte con el abogado César Nakazaki, quien a su vez defiende a decenas de militares procesados por violar derechos humanos y también al ex dictador Fujimori.

“denunciaremos a Sousa por hacer una ley con nombre propio, una norma para sus clientes, porque defiende a Fujimori y gran cantidad de militares. Que no venga a decirnos que está alejado de su estudio, eso es falso”, enfatizó Abugattás.

En respuesta, Sousa dijo que también denunciará a su colega nacionalista por decir que tiene un pacto con el gobierno para favorecer a Fujimori y que juega a favor de sus clientes. “¿Qué pacto puede haber? es falso eso, me siento orgulloso de haber dado esas facultades al Ejecutivo, es más, yo quisiera ser padre de esa criatura (paquete de decretos), pero no lo soy. El lunes voy a denunciar a Abugattás por ser un deslenguado, para que me pruebe que esa ley me beneficie si yo no tengo clientes”, sostuvo el Fujimorista.

Sí ganan
Lo cierto es que, como lo advirtió a LA PRIMERA la abogada Karim Ninaquispe, el estudio jurídico Sousa & Nakazaki tiene un contrato con el ministerio de Defensa para patrocinar a los militares enjuiciados por violar derechos humanos.

Ninaquispe, abogada de los deudos de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), dijo que los casos Accomarca, Pucayacu II y Los Cabitos 1983 son llevados por el estudio del cual es socio el congresista Sousa, el cual cobra S/. 2 mil mensual por cada caso al Estado.

Marcelo Puelles
Redacción

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=69465

Efectos de la inmersión audiovisual

Efectos de la inmersión audiovisual

LIMA | La educación informal adquirida por televisión, videojuegos e internet, en relación a la década anterior, está produciendo estudiantes con mayores fortalezas en la inteligencia visoespacial, pero también mayores debilidades en los procesos cognitivos de alto nivel. Por ejemplo, aparecen disminuidos: vocabulario abstracto, concentración, reflexión, resolución inductiva de problemas, pensamiento crítico e imaginación. El artículo...

"Technology and Informal Education: What is taught, what is learned" (Patricia. M. Greenfield, revista Science, Vol. 323, 2/1/2009) reseña los hallazgos más recientes de la investigación:

1) El puntaje del CI verbal ha ido creciendo en el tiempo con la expansión de la televisión (por mayor divulgación del lenguaje básico); en cambio, el área verbal del SAT ha ido disminuyendo (por disminución del vocabulario abstracto propio de la lectura).

2) Jugar continuamente videojuegos violentos produce comportamientos y afectos agresivos, cognición agresiva, activación fisiológica, insensibilización con respecto a la violencia de la vida real y reducción de las conductas prosociales.

3) La realización de tareas múltiples simultáneas al atender clases usando laptops conectadas a internet, navegando por los temas expuestos y librerías de datos, lleva a que los alumnos recuerden menos material después de la clase en relación a aquellos que sólo prestaron atención al profesor.

4) Los juegos de video penalizan a quien se detiene a pensar y reflexionar.

5) Hay una asociación positiva entre lectura y capacidad de reflexión ya desde el 1er grado de primaria. Además, los lectores habituales desarrollan mayores competencias para resolver problemas de modo inductivo.

6) Dado que el pensamiento científico requiere habilidades de reflexión, análisis inductivo, pensamiento crítico, pensamiento focalizado e imaginación, éste se ve negativamente afectado por el uso intensivo de videojuegos y televisión, uso que inhibe las respuestas imaginativas.

En suma, en estos tiempos se requiere una dieta balanceada de utilización de diversos medios audiovisuales, tanto virtuales como reales, audiovisuales y auditivos e impresos, para lograr los mejores resultados en el aprendizaje formal.

Es importante que los colegios, institutos y universidades tomen nota de estos hallazgos y propongan actividades (como usar radio) que compensen las debilidades que acumulan los estudiantes por su inmersión en las tecnologías audiovisuales.

Por: Leon Trahtemberg

Quiere rematar el Perú

Sindicatos de empresas estatales, como Sedapal y Enapu, entre otros, acusan de “Traición a la Patria” al presidente García y denuncian que quiere rematar empresas estratégicas. Alistan movilizaciones de rechazo.

Unidos en el Frente de Defensa de las Empresas del Estado, los representantes de la Empresa Nacional de Puertos, de PetroPerú, de las empresas eléctricas y de saneamiento (entre ellas Sedapal) acusaron ayer al presidente de la República, Alan García, de ser “un traidor a la Patria”, debido a su afán de promover la venta de las empresas estatales en perjuicio de la soberanía nacional, y más aún de posibles favores a capitales Chilenos.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, Henry Viera, promotor del mencionado frente de defensa, señaló que el reglamento del Decreto Legislativo 1031 “Ley que promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado”, -aprobado el pasado 19 de agosto- busca entregar las empresas estatales, consideradas como estratégicas para la seguridad nacional, a inversores internacionales bajo la excusa de fomentar la inversión privada en “beneficio” de las mismas empresas, pero que al final sólo generará ganancias para los capitales foráneos.

El dirigente del Sutesal recordó que el Decreto Legislativo Nº 1031 fue publicado en junio de 2008, pese a que el presidente García, cuando era candidato firmó un acta con los trabajadores de Sedapal, comprometiéndose formalmente a luchar por la no privatización o concesión de la empresa de saneamiento, y que de llegar al poder no realizaría privatización o concesión alguna de la indicada empresa.

Dicha acta de compromiso fue difundida por Sutesal, y en ella se comprueba la firma del antes candidato García, por lo que los trabajadores de Sedapal y de otras empresas estatales dicen sentirse burlados por quien buscaría vender las empresas peruanas a inversionistas extranjeros, sobre todo Chilenos.

Viera señaló que el reglamento del DS 1031 se publicó hace unas semanas de manera apresurada, pese a que días antes la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz se había comprometido a modificar el artículo 12º de la mencionada ley, sobre el máximo de acciones que los inversionistas podrán adquirir, puesto que la norma sólo señala un mínimo 20% de las acciones que podrán cotizarse en el mercado bursátil y no establece ningún máximo, que podría ser hasta el 100%, dejando todo en manos de Fonafe, por lo que el Frente iniciará acciones de lucha para impedir que se concretice la desaparición de las empresas rentables de todos los peruanos.

Acciones de lucha
El Frente de Defensa de las Empresas del Estado, informó que entre las acciones que tomarán para defender la soberanía de las empresas del Estado, se encuentra la elaboración de una iniciativa ciudadana para derogar el DS 1031. Para ello acudirán al Congreso a fin de reunirse con las bancadas involucradas con este problema, así como con el presidente del parlamento César Zumaeta.

Además señalaron que realizarán una movilización masiva que contará con la participación de miles de empleados de las empresas nacionales y la población en general con la finalidad de demostrar el rechazo general a la venta de nuestro patrimonio.

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios, Gustavo Gutiérrez, también participó en la conferencia brindada ayer por el Frente de Defensa de las Empresas del Estado y se mostró en contra del reglamento del Decreto Legislativo 1031 al considerar que el único objetivo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) es “deshacerse de los puertos” como sucedió con el puerto de Paita.

“Este gobierno está haciendo de la mentira su excusa para privatizar las empresas estatales, en el caso de los puertos se necesita 110 millones de dólares de inversión pero el gobierno mal informa al decir que se requiere mucho más dinero con la finalidad de que se concesionen los puertos”, dijo Gutiérrez.

Asimismo, el dirigente de los portuarios informó que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) no permite el desarrollo de las empresas portuarias, motivo por el que hace unos meses recolectaron 300 mil firmas con la finalidad de que los puertos peruanos no dependan del Fonafe, de la APN así como del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).

Nazario Arellano, representante de los empleados de las empresas eléctricas criticó la actitud del presidente García y de la ministra Aráoz por su afán de concesionar las empresas nacionales en lugar de fortalecerlas en resguardo del patrimonio del Estado. “Otros países vecinos buscan el fortalecimiento de las empresas estatales estratégicas para beneficio de los mismos ciudadanos, sin embargo, nuestro país hace lo contrario, por ello pedimos el pronunciamiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que deben también defender la soberanía de nuestro país”, afirmó Arellano.

Medidas de protección

En febrero de 2008, el fallecido congresista Juvenal Ordóñez Salazar presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N.º1963 denominado “Ley de Promoción y Defensa de la Actividad Empresarial del Estado”, a fin de evitar la amenaza de la privatización de las empresas estatales, impulsada por el Poder Ejecutivo a través del Proyecto de Ley Nº 1217/2006-PE.

El Proyecto de Ley Nº 1963 garantizaba la estabilidad y eficiencia de las 36 empresas públicas existentes en el Perú, pues ponía un tope del 10 por ciento al accionariado privado dentro de las empresas del Estado y garantizaba el trabajo de 100 mil servidores públicos así como el mantenimiento de tarifas mínimas a los usuarios de luz eléctrica y agua potable.

Dayhana Cam
Redacción

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=69398