¿De quién es la selva?
Puedo discutir el concepto planteado en la pregunta lanzada al aire por Alan García y repetida por Rosario Fernández, Antonio Brack, entre otros: ¿es de los nativos que han vivido ahí y construido sistemas de existencia desde tiempos remotos, y a los que el Estado les reconoce formalmente derechos de propiedad sobre amplios territorios?, ¿de los colonos y habitantes de las ciudades del oriente, que decidieron desarrollar su destino en la parte más olvidada y postergada de la nación?, ¿de “todos los peruanos” que debemos a la Amazonía, la bendición del clima y las lluvias, y los alimentos y otros bienes que nos prodiga?, ¿de las transnacionales que la consideran una fuente de recursos naturales?
Todos estos intereses están presentes en relación a la selva y han sido base de conflictos y de la construcción de modos de convivencia. En la actual huelga de las comunidades indígenas se puede ver que todos los habitantes selváticos están unidos, incluido muchos empresarios que sienten que los derechos indígenas y ambientales son fundamentales para preservar la economía de la región. Y en el resto del país hay cada vez mayor solidaridad con esa causa. Y el gobierno, ¿en qué grupo de interés se alinea? Es obvio que para García y sus compadres la visión indígena es un obstáculo (perro del hortelano), las solidaridades sobran y, cuando son políticas o institucionales, son sospechosas de estar manipulando la supuesta ingenuidad de los pueblos (Simon).
La idea de que “todos los peruanos” podemos ser contrapuestos a la huelga amazónica, porque somos “los verdaderos dueños”, puede ser aplaudida durante una inauguración de una red de agua en un cono de Lima, pero todos sabemos que de esa aparente “propiedad” no se deriva nada, salvo que se esté invitando como dice Pizango a desconocer la que ya existe. Para el caso, tanto la sierra como la costa dejarían de ser de los que allí viven y trabajan y pasarían a ser “derecho de todos”, lo que no es sino la posibilidad del gobierno de asignar las tierras y los recursos a quien muestre la billetera más ancha.
A estas alturas creo que la Constitución del 93 definió a sabiendas el terreno del conflicto que ahora estamos viendo. No pudo eliminar los derechos comunales, pero les quitó las condiciones de protección; determinó una artificial diferencia entre la superficie y el subsuelo con dos propietarios; y estableció que el Estado no podía abocarse a la explotación de los recursos mineros y petroleros que eran suyos como reserva, sino que debía concederlo a las grandes empresas. Por eso los que se defienden del despojo invocan la Constitución y también los despojadores. Y lo que está definiendo el conflicto son las relaciones de fuerza. El Perú entiende ahora mejor que antes que tras la resistencia de la selva y otros sectores a la rapiña neoliberal, se impone una nueva Constitución que redefina el Perú que la mayoría realmente quiere.
Raúl Wiener
Analista
diario la primera
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