Decretos inconstitucionales deben derogarse
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El representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Roberto Pereyra, encargado de sustentar ante el Tribunal Constitucional que debe pronunciarse en un mes sobre la inconstitucionalidad de los decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo en abril del 2007, dijo ayer a LA PRIMERA que estos decretos transgreden muchos artículos de la Constitución, por lo que deben ser derogados.
El director ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo, por su parte, afirmó que espera una respuesta positiva del fallo del Tribunal. “Hubo decenas de manifestantes en las afueras del tribunal para apoyar la derogatoria. Esperamos una respuesta positiva”, dijo.
Según Pereyra, la ley 29009 no delegaba funciones en materias específicas, tal como el artículo 104 de la Constitución lo indica, pues el Congreso estableció, mediante esta ley, que el Ejecutivo legislará en materias diversas y genéricas como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso.
“Por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado no es una materia específica. Muchos de estos decretos exceden las facultades delegadas por el Congreso”, expresó.
Asimismo, el letrado informó que el decreto 982 modifica el artículo 200 del Código Penal, en el que el delito de extorsión está tipificado. Según el decreto, los funcionarios públicos con poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza o de dirección que participen en una huelga serán sancionados con inhabilitación de acuerdo a los incisos 1 y 2 del Código Penal.
“El decreto 982 agrega un inciso de inimputabilidad en el artículo 20 del Código Penal, para exentar de responsabilidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en caso de que causen lesiones o muerte en cumplimiento de su deber”, dijo.
fuente: diario la primera
El director ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo, por su parte, afirmó que espera una respuesta positiva del fallo del Tribunal. “Hubo decenas de manifestantes en las afueras del tribunal para apoyar la derogatoria. Esperamos una respuesta positiva”, dijo.
Según Pereyra, la ley 29009 no delegaba funciones en materias específicas, tal como el artículo 104 de la Constitución lo indica, pues el Congreso estableció, mediante esta ley, que el Ejecutivo legislará en materias diversas y genéricas como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso.
“Por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado no es una materia específica. Muchos de estos decretos exceden las facultades delegadas por el Congreso”, expresó.
Asimismo, el letrado informó que el decreto 982 modifica el artículo 200 del Código Penal, en el que el delito de extorsión está tipificado. Según el decreto, los funcionarios públicos con poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza o de dirección que participen en una huelga serán sancionados con inhabilitación de acuerdo a los incisos 1 y 2 del Código Penal.
“El decreto 982 agrega un inciso de inimputabilidad en el artículo 20 del Código Penal, para exentar de responsabilidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en caso de que causen lesiones o muerte en cumplimiento de su deber”, dijo.
fuente: diario la primera
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